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El equipo de Gobierno propondrá al Pleno una carencia de 2 años para la deuda de Valladolid Alta Velocidad y consultará a la ciudadanía qué soterramiento quiere

En la moción que presentarán al Pleno los grupos PSOE y VTLP, que sustentan al Gobierno, afirman su “voluntad de cumplir el compromiso”, pero con condiciones

Publicada el 14 de diciembre de 2015
soterramiento

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid propondrá mañana, martes, 15 de diciembre, en el Pleno Extraordinario sobre la deuda de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad, la aprobación de una moción en la que se acuerde solicitar al sindicato bancario al que la SVAV debe 400 millones de euros una carencia de dos años para el pago, de forma que no se incremente "en un solo euro" hasta el 31 de diciembre de 2017.

La moción del equipo de Gobierno, que sustentan PSOE y VTLP, señala que el Ayuntamiento "tiene la voluntad de cumplir el compromiso del soterramiento" del ferrocarril, pero siempre que se renegocien las condiciones de financiación.

De esta forma, señalan en su moción conjunta, "habida cuenta de las implicaciones de todo tipo que tiene la obra", consultarán en los primeros meses de 2016 a la población "la conveniencia de continuar con el soterramiento de las vías, o si parece preferible establecer un conjunto de actuaciones de permeabilización manteniendo las vías en superficie".

En todo caso, de seguir adelante con el proyecto de soterramiento, los grupos en el gobierno imponen ciertas condiciones, como que este se haga "de forma que su realización no ahogue la actividad municipal", manteniendo el convenio firmado con la Junta de Castilla y León, RENFE y ADIF, pero ajustando "lo realizado hasta la fecha".

De este modo, según explicó el alcalde, Oscar Puente, es necesario ajustar las cuentas, añadiendo a la inversión realizada (471 millones, -210 correspondientes al complejo ferroviario, 112 de gastos financieros y sólo 74 de soterramiento propiamente dicho, en el barrio Pinar de Antequera) la inversión pendiente de realizar (543 millones, de los cuales al túnel urbano correspondería un gasto de 296), lo que daría un total de 996 millones de euros.

De este total, a su parecer, 323,5 millones deberían afrontarlos el resto de entidades participantes de la SVAV: el Ministerio de Fomento y la Junta de Castilla y León (159 millones de euros de la obra ejecutada en el nuevo centro ferroviario y el soterramiento del Pinar, la diferencia de valor entre los nuevos talleres y los viejos y la aportación pendiente del Ministerio, además de lo que la Junta debe por el convenio firmado en 2002).

Sumando a esta cantidad el valor en el que están calculados ahora los terrenos que se liberarían, 400 millones de euros, faltaría por financiar la urbanización en superficie, en torno a 135 millones, que el Ayuntamiento podría afrontar "con tiempo, poco a poco, según se vaya pudiendo", señaló el teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Manuel Saravia.

Por otro lado, el alcalde, Oscar Puente, reveló que en enero de 2011, el exalcalde Javier León de la Riva, firmó una "conform letter" (carta de conformidad) en la que declaraba "debidamente adoptados los acuerdos, autorizaciones y consentimientos" para cumplir las condiciones del convenio original firmado por él mismo, el entonces ministro de fomento, Francisco Álvarez Cascos y la Junta de Castilla y León, que comprometía al Ayuntamiento a no modificarlo ni terminarlo "sin autorización de las entidades financieras", "consultar la conformidad de las entidades financieras antes de promover planeamiento urbanístico" y "hacer frente ante las entidades financieras si SVAV no puede cumplir sus obligaciones".

El documento en cuestión, según reveló el actual regidor, se firmó por el exalcalde sin informe previo de la Intervención, la Secretaría General Municipal ni la Asesoría Jurídica, y sin haber sido sometido al Pleno del Ayuntamiento, tal y como era preceptivo, de forma que el documento es nulo de pleno derecho.

Puente aseguró que hará valer esa irregularidad, en caso de ser necesario, para defender los intereses municipales, y anunció que se ha requerido un informe a la Asesoría Jurídica, para que señale en qué sentido debe ir la actuación del Ayuntamiento al respecto.

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