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La remunicipalización del agua supondrá no solo ahorro económico, sino mejora de las instalaciones

El Ayuntamiento recuerda los datos arrojados por los estudios técnicos realizados, determinantes para adoptar la decisión

Publicada el 14 de septiembre de 2016
Aguas de Valladolid

La remunicipalización pública del agua que previsiblemente tendrá lugar en julio de 2017 será beneficiosa sin duda para las arcas del Ayuntamiento y por tanto para los bolsillos de los vallisoletanos. El informe que se realizó para estudiar la posible remunicipalización evidencia que el modelo de gestión mediante empresa 100% pública cuenta con ventajas fiscales como una bonificación del 99% de la cuota del impuesto de sociedades, exención de tributos municipales como el IBI, el IAE y el IVTM o en la liquidación del IVA.

Pero no son los únicos datos a tener en cuenta. El resultado en 2015 de la empresa privada adjudicataria después de impuestos ha sido de 2,6 millones de euros y la previsión para 2018, con el agua ya remunicipalizada será de 9,2 millones de euros. Y todo ello con la inversión de hasta 178 millones de euros que pretende efectuarse en las diferentes instalaciones en los próximos 15 años.

Si se suman esos 2,6 millones de euros de resultado que ha obtenido la empresa privada adjudicataria en 2015 al canon que aporta al Ayuntamiento de aproximadamente 6 millones supondría un resultado de 8,6 millones. Por tanto, los 9,2 millones de euros de resultados que se esperan para 2018 mejoran de manera evidente los resultados al pasar de una empresa privada a una pública.

Por otra parte, consideramos que el conocimiento técnico necesario para la gestión del ciclo del agua no viene garantizada por el modelo de gestión mediante concesión (recordemos que la actual concesión expira en 2017 y nada garantizaría siquiera que fuera la misma empresa privada quien volviera a obtenerla).

Por otra parte, tampoco sería sencillo continuar con la adjudicación de la actual empresa privada. Dicha concesión finaliza el 30 de junio de 2017 y no caben ni modificaciones de contrato ni procedimientos negociados, ya que cuando una concesión finaliza, de acuerdo con lo que prevé el artículo 85 de la Ley de Bases de Régimen Local, es preciso hacer un estudio en el que se acredite cuál es la forma de gestión más eficiente y sostenible, teniendo en cuenta los criterios de rentabilidad económica y recuperación de la inversión.

El Ayuntamiento recuerda que se han realizado distintos foros abiertos de manera pública entre vecinos y vecinas de Valladolid y entidades de todo tipo (organizaciones sociales, sindicales y empresas) y la decisión final se tomará en un próximo Pleno municipal.

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