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Los socios de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad acordaron en la reunión de este martes, 27 de diciembre, instar el concurso de acreedores, con el objetivo de disolver la Sociedad, tras la celebración de una Junta General que está previsto convocar en enero.

Así lo explicaron tras el encuentro, -mantenido en Valladolid días antes del vencimiento de la deuda de 404 millones que arrastra la SVAV-, al que asistieron el alcalde de Valladolid, Oscar Puente, y los concejales de Urbanismo, Manuel Saravia, y Hacienda, Antonio Gato, junto al consejero de Fomento de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, el presidente de ADIF, Juan Bravo, y el director económico-financiero de RENFE, Manuel Fresno.

El alcalde y el consejero coincidieron en destacar que la Sociedad ya no era el "instrumento" válido que nació en 2003 para alcanzar "el objetivo del soterramiento", y al tiempo, afirmaron que no se renuncia a la operación ferroviaria, que sin embargo, habrá que afrontar desde otra perspectiva y "buscando otras alternativas".

Puente señaló que "las razones son evidentes, puesto que la situación económica de la Sociedad es muy complicada", ya que no se trata sólo de hacer frente a los vencimientos ya pasados, sino al pago de intereses cada trimestre a lo largo de 2017.

El alcalde afirmó que es una cuestión de "responsabilidad", con independencia de que la operación ferroviaria siga adelante por otras vías, pero "desde luego, al margen de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad, que ya no es un instrumento útil".

Puente subrayó que los compromisos escritos sobre la asunción de intereses reclamados por ADIF para que el Administrador de Infraestructuras se hiciera cargo de parte de la deuda ya vencida, el Ayuntamiento no está en condiciones de asumirlos, y "no tiene sentido que la Sociedad continúe si no hay fórmulas para su viabilidad".