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Descripción

Las concejalas de Medio Ambiente y de Servicios Sociales, María Sánchez y Rafaela Romero -respectivamente-, se han reunido con los distintos grupos municipales para concretar la propuesta que garantice que los servicios funerarios no supongan una carga inasumible para las personas y familias con escasos recursos. Dicha propuesta emana de un acuerdo tomado por unanimidad en el Pleno municipal el pasado mes de abril.

Esta medida beneficiaría a las personas empadronadas al menos un año antes del fallecimiento en Valladolid que no tengan cubiertos los gastos funerarios por cofradías, empresas o entidades aseguradoras y que no posean, ni por sí mismas ni a través de familiares obligados al pago, medios económicos para abonar los gastos del servicio funerario y del sepelio.

Esta circunstancia deberá acreditarse documentalmente y se concreta en que la persona difunta perciba una cantidad igual o menor que una pensión no contributiva, y no disponga de capital inmobiliario, mobiliario o en metálico suficiente para hacer frente a los gastos.

En el caso de familiares, la renta de referencia de la unidad familiar o de convivencia no podrá ser superior a la cuantía anual del IPREM vigente multiplicada por 1,20. Se incrementará en un porcentaje por cada miembro adicional (20% por el primer miembro, 10% por el segundo y 5% por el tercero y siguientes), hasta el límite máximo del 1,8 del IPREM anual, por unidad familiar.

Así la renta de una familia de dos miembros debe ser inferior a 766,81 euros mensuales, en caso de tres miembros el límite estaría en 830,72 euros y a partir de siete miembros se alcanzaría el tope de 958,52 euros mensuales.

En la actualidad, el Ayuntamiento ya asume los servicios funerarios de personas sin hogar, pero ahora esa posibilidad se extenderá a otras familias en función de su renta. Aunque existen servicios funerarios de muy distinto importe, la media de los gastos funerarios en Valladolid es de algo más de 4.000 euros. A pesar de que se puedan contratar servicios más asequibles, despedir a un ser querido supone un quebranto económico para muchas familias, que se suma al sufrimiento personal por la pérdida. Por ese motivo, se irá estudiando durante el mandato la posibilidad de solventar este problema.

Este es un primer paso para hacer los servicios más asequibles. La medida irá a la Junta de Gobierno de la semana que viene y se estima que pueda ser solicitada a partir del mes de diciembre por cualquier persona que cumpla los requisitos.

La propuesta elaborada prevé un fondo aproximado de 20.000 euros para el año en curso, que de no gastarse se acumularía para 2016 y sufragaría los gastos de inhumación o incineración, sin que el cadáver sea expuesto ni velado, incluidos el féretro, el transporte en furgón y la descarga del mismo, la expedición de título, el certificado de defunción y la tramitación de los expedientes de defunción y de cementerios.