Descripción

Una nueva sentencia del TSCyL contra la apelación interpuesta por la anterior concesionaria durante la privatización avala, por novena vez, el proceso de municipalización del agua que devolvió a manos del Ayuntamiento vallisoletano el servicio en julio de 2017.

Como ha explicado María Sánchez, concejala de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Valladolid, la última sentencia responde a un recurso que presentó la anterior concesionaria, Aguas de Valladolid S.A., contra la decisión del Contencioso Administrativo. Resuelve en segunda instancia el recurso interpuesto por AGUAS DE VALLADOLID, S.A. contra el cambio en la forma de gestión de los servicios del ciclo del agua.

En cuanto al fondo del asunto, desestima el recurso de apelación de AGUAS DE VALLADOLID, S.A. confirmando los argumentos de la sentencia de instancia que reproduce y a los que añade algún argumento más. La sentencia es susceptible de recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

De las otras ocho resoluciones favorables, dos de ellas rechazaron la petición de medidas cautelares que paralizaran el proceso antes de julio de 2017, una tercera, la dictada a raíz del recurso interpuesto por el Ministerio de Hacienda, una cuarta del juzgado de lo contencioso-administrativo, de abril de 2018, que avaló el proceso seguido para la municipalización del agua que devolvió a manos del Ayuntamiento vallisoletano el servicio en julio de 2017, una quinta que avaló los Presupuestos Generales del Ayuntamiento de 2017, una sexta sentencia ante el recurso de la Confederación Vallisoletana de Empresarios sobre la propia subrogación del personal de la anterior adjudicataria, mismo objeto que esta última con el mismo resultado y contra las que pueden recurrir los denunciantes, CVE y Aguas de Valladolid. Y también la pasada que desestimó la pretensión de la CVE.

Por tanto, son nueve decisiones judiciales avalan la gestión directa del agua en la ciudad de Valladolid.

Sánchez ha destacado que "es una buena noticia por la importancia del fallo del TSJCyL, por la autonomía municipal proclamada en la Constitución Española y por avalar que lo que pagamos por el agua los vallisoletanos vaya a mejorar la red del agua y no a engordar la cuenta de resultados de una multinacional".