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El alcalde de Valladolid, Oscar Puente, respalda la resolución de la FEMP, a cuyo Consejo Territorial acudió este martes en Madrid, para solicitar una reunión "urgentísima" con el Gobierno de cara a completar el Real Decreto en materia de pobreza energética, una normativa nacida a demanda de la FEMP pero que, finalmente, entienden, resulta insuficiente.

Puente aplaude que la Federación solicite al Ejecutivo la aclaración de cuatro aspectos de este texto para dotarlos de un carácter "más social", detallando cuestiones concretas como los criterios que se han de seguir en todo el territorio nacional para determinar cuándo un usuario se encuentra en riesgo de exclusión.

En concreto, se reclama más cobertura para las personas y las familias en esta situación, mayores garantías de que no se les va a cortar el suministro, que todos los ciudadanos en dificultades tengan las mismas garantías en todo el territorio, y, por último, que se especifique en el decreto la forma de financiación de la factura de quienes se encuentran en riesgo de exclusión social con participación en la misma de las CCAA.

La FEMP insiste en pedir más ayudas para las familias y personas que se encuentran en dificultades, y pedir más garantías antes del corte del suministro en línea con lo que exigió al Gobierno el pasado mes de diciembre: que no sea la compañía suministradora la que decida sobre el corte de energía, sino que se cuente con un informe del Ayuntamiento sobre la vulnerabilidad del consumidor, "que no se pueda cortar el suministro energético a nadie sin un informe previo de los servicios sociales de los Ayuntamientos".