El órgano de gobierno impone dos infracciones muy graves por la demolición de fachadas catalogadas de los inmuebles de la calle Labradores, 37 y 39, vulnerando la normativa vigente
La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid, reunida esta mañana en sesión ordinaria bajo la presidencia del alcalde, Francisco Javier León de la Riva, ha abordado los asuntos que figuran a continuación dentro del orden del día.
En el Área de Urbanismo y Vivienda, el órgano de gobierno ha concedido la licencia de de obras para la construcción de 114 viviendas de VPC en la parcela 19 del sector Los Santos - Pilarica. Igual permiso ha recibido la comunidad de vecinos de Carretera de Rueda, 33 para la instalación de un ascensor.
Respecto a los permisos de primera ocupación, se han otorgado a 55 viviendas y trece apartamentos construidos en las calles Peña Ubiña (54 viviendas y doce apartamentos), Cañada Real (una), y en la Plaza Alfonso X El Sabio (dos apartamentos, en La Overuela).
En el capítulo de despacho extraordinario, cabe destacar en materia urbanística la imposición de dos infracciones muy graves por la demolición de fachadas catalogadas en la calle Labradores números 37 y 39, habida cuenta de la dificultad de restitución de la legalidad por la inexistencia de levantamientos fotogramétricos así como de sus componentes de cerrajería, sillería y azulejado.
Esta sanción, impuesta al director técnico de las obras, responde al expediente abierto por el Ayuntamiento el año 2009, tras declarar la situación de ruina inminente del citado inmueble, con la obligación de proceder a la demolición conservando las fachadas, al hallarse incluidas en el Catálogo de Bienes Protegidos del Plan General de Ordenación Urbana con el grado P4 (protección ambiental). El importe de cada una de las sanciones asciende a 600.000 euros.
Tres días después de la declaración de ruina, el 29 de mayo del pasado año, los técnicos municipales comprobaron que se había llevado a cabo la demolición total de los dos inmuebles, sin conservar la fachada. Diversos informes técnicos y jurídicos incluidos en el expediente sancionador, que valoran los hechos acaecidos, coinciden en señalar que se trata de infracciones muy graves, que conllevan aparejadas sanciones por la citada cuantía.