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El Ayuntamiento incrementó en 2,8 millones de euros el presupuesto para Servicios Sociales en 2016

La concejala del Área, Rafaela Romero, entiende que la situación no es peor hoy que hace unos años, pero cree que los datos del crecimiento de ayudas de emergencia deben llamar a la reflexión

Publicada el 7 de abril de 2017
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El Ayuntamiento de Valladolid ha destinado 22,5 millones de euros a Servicios Sociales en el año 2016, un 14,42% más que en 2015, lo que se traduce en 2,8 millones por encima del presupuesto anterior.


Así lo destacó la concejala del Área, Rafaela Romero, durante la presentación de los datos de la Memoria de Servicios Sociales correspondiente al año pasado, en la que destacan otros datos como las 34.000 personas que fueron atendidas en los Centros de Acción Social, quinientas familias más que el año anterior, es decir, que once vallisoletanos de cada cien presentaron alguna demanda ante estos servicios.


Entre esas 34.000 personas, se gestionaron 2.511 ayudas de emergencia, con un

Presupuesto ejecutado de 1,5 millones de euros, lo que supone un fuerte repunte con respecto a la Memoria de 2015, según la que se registraron 1.839 con un gasto de 1 millón.


Otras 307 familias fueron atendidas por los equipos de intervención familiar, en relación a necesidades en torno a inmigración, absentismo escolar, alojamientos provisionales o menores en riesgo.


2.934 personas fueron evaluadas para acceder al sistema de Dependencia, entre las que se repartieron 5,8 millones de euros en concepto del servicio de Ayuda a Domicilio, 90.000 en Teleasistencia y más de 800.000 euros destinados a los servicios de estancias diurnas y estancias temporales.


La concejala destacó especialmente los datos relacionados con la atención a personas en riesgo de exclusión social y el esfuerzo de su Departamento en la formación para el empleo.


Así, explicó que durante 2016 fueron atendidas en el servicio de orientación y asesoramiento laboral 1.761 personas y, gracias a acuerdos con el Colegio de Abogados, se ha puesto en marcha el servicio de asesoramiento para la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad y se ha atendido a 130 familias en riesgo de desahucio. 315 personas, además, fueron atendidas en el programa de indomiciliados.


Los programas de formación para el empleo se llevaron más de 1,2 millones del Presupuesto de la Concejalía y beneficiaron a 272 personas a través de diversos cursos y programas mixtos de formación y empleo.


Igualmente, Servicios Sociales le ha dado un giro a la política de servicios destinados a las personas mayores. En total, más de 31.000 son socias de la red de centros municipales y participan en programas de envejecimiento activo.


Reivindicación ante la Junta de Castilla y León


Romero puso de manifiesto el "enorme esfuerzo económico realizado" por la Administración Local de Valladolid para dar servicio a todas las demandas ciudadanas, recordando que el acuerdo marco firmado con la Junta de Castilla y León para la financiación de estos servicios "no llega al 50% de su coste", a pesar de que las competencias, que el Consistorio tiene delegadas, son inicialmente del Gobierno Regional.


Así, incidió en que el Ayuntamiento "está poniendo el 55% del presupuesto para hacer frente a las ayudas de emergencia, algo que pasa en todos los programas, lo que nos hace tener la sensación de que somos poco escuchados", dijo.


En este sentido, instó al resto de Ayuntamientos y Diputaciones a levantar la voz al respecto, y "decir algo acerca de la implicación que estamos mostrando todos en respuesta a las demandas que se nos presentan".


A la pregunta de si los datos muestran un empobrecimiento creciente de la población vallisoletana, la concejala señaló que "Valladolid está envejecida, no empobrecida", si bien consideró que "los datos del crecimiento de ayudas de emergencia nos tienen que alertar de las nuevas bolsas de pobreza que se están generando".


En relación a este punto, señaló que "no podemos permitir que esas personas se mantengan dependientes de las administraciones públicas", y añadió que "nuestra principal preocupación es sacar a esas nuevas personas que nos han entrado del sistema de los servicios sociales, y conseguir que su paso por ellos sea algo temporal".


Asimismo, entiende que, además, el incremento de ayudas de emergencia se debe al incremento de información que las personas han obtenido acerca de sus derechos. "Estamos siendo más ágiles", dijo, "y los ciudadanos están más informados. No creo que estemos en peor situación que el año anterior".



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